La concesión a las autoridades locales de proceder al trámite expedito para compras menores, que no excedan los 50 mil dólares, conforme a la Ley de Contrataciones Públicas, supera una limitante de la descentralización en la distribución de los recursos, razón expuesta en el primer órgano del Estado de refrendar el tercer debate del Proyecto 650.
Para la masa de diputados, la aprobación de la iniciativa que reforma la Ley 106 de 1973, sobre el Régimen Municipal y se dictan otras disposiciones, respecto a las contrataciones menores en los Municipios, Juntas Comunales, Consejos Provinciales y Comarcales, completa la herramienta de acercamiento entre sectores y sus autoridades locales.
Aparte de desburocratizar las compras menores, también implica que las empresas del área donde se liciten, tendrán la primera opción de adjudicación en las contrataciones de bienes, servicios u obras.
El diputado proponente Javier Sucre, en su ponencia de conveniencia, dijo que este método de agilizar los fondos armoniza las metodologías de acciones hacia las necesidades de las comunidades.
La autorización de las compras menores significa para el funcionario, quien en varios periodos ocupó el cargo de representante en Juan Díaz, solventar con prontitud problemas económicos, de salud, de educación, entre otras.
Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, expresó que una votación unánime de 49 diputados es una respuesta precisa y directa para un país desigual y poco equitativo.
Esta normativa estipula que en las contrataciones de obras, servicios y bienes que realicen los municipios, se promoverá el mayor número de empresas locales; o sea, aquellas que tengan como domicilio el municipio donde se realizará la contratación.
Asimismo, en las contrataciones menores, donde participen varios proponentes, la empresa domiciliada tendrá la prelación de adjudicación, siempre que el precio propuesto no sea mayor de un 10%, en relación con la propuesta de menor precio presentada por una empresa no local.
Para que las licitaciones sean ágiles con relación al uso de tecnologías, la Autoridad de Innovación Gubernamental deberá levantar un inventario de los municipios que no cuenten con internet o que no sea óptimo para garantizar un servicio eficiente del mismo para que los procesos se agilicen.